Mientras la mayoría del país avanza hacia un sistema de salud pública universal, más de dos terceras partes de las entidades federativas ya forman parte del IMSS-Bienestar, beneficiando a millones de personas sin seguridad social. En estos estados, el modelo ha permitido que la atención médica, los medicamentos y los servicios hospitalarios sean gratuitos, con respaldo financiero y operativo del Gobierno de México.
Las entidades incorporadas al IMSS-Bienestar han recibido mayores recursos federales, regularización del personal de salud, abasto de medicamentos y fortalecimiento de miles de centros de salud y hospitales. En conjunto, el sistema atiende a decenas de millones de mexicanas y mexicanos que antes dependían de esquemas fragmentados, costosos o insuficientes.
En contraste, los estados que han decidido rechazar este modelo mantienen sistemas estatales limitados, con menor capacidad de atención, cobros indirectos y una cobertura desigual. Esta decisión impacta directamente a la población más vulnerable, que enfrenta mayores dificultades para acceder a consultas, tratamientos y medicamentos esenciales.
La salud no puede depender del color del gobierno en turno. Negarse a un sistema nacional de atención gratuita es negar un derecho constitucional. Mientras el país camina hacia un modelo más justo y solidario, hay gobiernos que eligen quedarse al margen, aun cuando la evidencia demuestra que el IMSS-Bienestar sí mejora el acceso, la cobertura y la dignidad en la atención médica.
