Durante una entrevista Luisa Alcalde, Presidenta del partido que gobierna, señaló que el agua, reconocida constitucionalmente como un derecho humano, fue durante años administrada bajo esquemas que favorecieron a particulares y grandes corporaciones.
De acuerdo con datos presentados por el gobierno federal, en administraciones pasadas se otorgaron concesiones y permisos sin criterios técnicos claros, sin evaluar la disponibilidad real de los acuíferos y sin garantizar la sostenibilidad del recurso. Estas prácticas generaron presiones sobre diversas cuencas y afectaron el abastecimiento en distintas comunidades.
El actual gobierno ha emprendido una revisión integral del sistema de concesiones para identificar anomalías, fortalecer la supervisión y asegurar que el uso del agua responda al interés público. Entre las prioridades se encuentran recuperar caudales sobreexplotados, mejorar la distribución y garantizar que las comunidades tengan acceso oportuno y suficiente.
El mensaje central fue claro: ordenar el manejo del recurso, transparentar los procesos y garantizar que el agua se administre conforme a la Constitución y no a intereses particulares.
